Luis Carlos Restrepo Ramírez. Justicia y paz: de la negociación a la gracia. Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín 2005, 285 páginas.

El libro recoge 29 artículos de prensa publicados en diversos medios, escritos en la condición del autor de Alto Comisionado para la Paz, agrupados en cuatro capítulos. Igualmente, un capítulo con una selección de nueve discursos, dados en diversas circunstancias, para finalizar con un último capítulo, con una larga entrevista al primer comisionado de Paz del gobierno de Betancur, John Agudelo Ríos, hecha días antes de su muerte en 2002, que tenía la pretensión de ser un homenaje, pero que apenas queda en pálido testimonio, ya que Agudelo le quedó debiendo al país los nombres de quienes se opusieron a los Acuerdos de Paz de la Uribe, suscritos con las FARC y que nunca se hicieron realidad.

Hay que abonarle a Restrepo su coherencia a lo largo de estos años, como lo dice en el prólogo Eduardo Pizarro, lo cual no quiere decir que haya acertado en elegir los mejores caminos para que el país se dirija hacia la paz. Al contrario, creemos que hay un enorme saldo en rojo, el cual irá aflorando en la medida en que se haga un balance desapasionado de la obra de gobierno de la era Uribe, dure ésta lo que dure. Restrepo es responsable de que no se le haya "metido pueblo" al proceso de paz que se adelantaba en Santafe de Ralito, al oponerse de manera sistemática a todas las propuestas que se hicieron en este sentido, utilizando mecanismos como los encuentros con las fuerzas vivas del país, propuesta hecha por los ex comandantes y que no tuvo su visto bueno, pese a que en el discurso de instalación de la mesa de diálogo unificada en Santa Fe de Ralito, el 1 de julio de 2004, el mismo Restrepo indicaba que uno de los objetivos de la zona de ubicación era "permitir la interlocución de la mesa de diálogo con todos los sectores nacionales e internacionales y facilitar la participación ciudadana y la contribución de los colombianos al proceso", lo que a la postre no se dio.

El resultado de ésta actitud negativa fue que quedó flotando en amplios sectores de opinión la duda sobre lo que realmente se negoció, como si hubiera habido temas debajo de la mesa, lo cual es impensable, si miramos los desarrollos posteriores que éste proceso ha tenido, extradiciones incluidas.

Ha sido una de las tesis fundacionales de este gobierno que en Colombia no existe un conflicto armado, y que lo que hay es una amenaza terrorista de grupos armados ilegales en contra de la sociedad. Para un país como el nuestro, ésta no es una verdad absoluta, porque una cosa es la situación en el país urbano, y otra muy diversa en los lejanos territorios rurales. Esta "premisa central", como lo dice Restrepo, explica la visión mecanicista con la que se han abordado los procesos de paz en el actual gobierno, ya que con terroristas lo único que cabe negociar es su sometimiento a la justicia, y es,  -justamente- lo que se ha hecho, lo que a su vez explica los reiterados fracasos de los acercamientos con las agrupaciones guerrilleras.

Al decir de Restrepo la "agenda sustancial de la nación" no es negociable con los grupos alzados en armas, lo que se ha constituido en la excusa perfecta para no avanzar en acuerdos. Esta posición permite entender la parálisis de las negociaciones, especialmente con el ELN, al que el gobierno, por el conducto de Restrepo, ha acusado reiteradamente de dilatar la concreción de acuerdos, cuando el único camino que se les ofrece en la práctica es la rendición incondicional, a cambio de una simbólica Convención Nacional, que simplemente formularía un rosario de buenas intenciones, que se quedarían en eso, en meras intenciones. Esta visión cortoplacista, de resultados inmediatos, ha sido impulsada por el mismo Presidente Uribe, quien de forma por lo demás folclórica, ha manifestado en varias oportunidades que los problemas con la guerrilla, si esta tuviera buena voluntad, se "arreglan en media hora". En realidad, no se pretende solucionar todos los temas de la agenda nacional, pero un eventual proceso de paz con los grupos armados ilegales debería ser la oportunidad para que los complejos problemas que debemos enfrentar como sociedad, empezaran a ser discutidos con seriedad, encontrando los caminos para que las soluciones que se adopten reflejen los intereses de todos los sectores de la nación, y no exclusivamente de los grupos económicos dominantes, que hoy están sobrerrepresentados en el Congreso Nacional, que debiera ser el escenario natural para darle el espacio legal a las urgentes reformas.

De la misma forma, las "exigencias internacionales en cuanto al cumplimiento del mínimo humanitario", que pregona incansablemente Restrepo es la coartada, tanto del gobierno como de quienes se oponen a sus políticas, para no ofrecer salidas realistas a quienes persisten en la lucha armada. Se ignora de esta forma olímpicamente los caminos que países como Irlanda del Norte están transitando, en procura de lograr el cese de los enfrentamientos y la reintegración de los ex combatientes a la sociedad.

Muy a pesar de que Restrepo reconoce que: "el gran reto es avanzar en la reincorporación en la civilidad de estas personas (los desmovilizados), ofreciéndoles alternativas vitales y productivas para evitar que se desvíen hacia el mundo de la criminalidad", otra cosa muy distinta ha sucedido bajo este gobierno, como lo constatan día a día los miles de desmovilizados, que se encuentran abandonados a su propia suerte. Programas como "Empresarios exitosos por la paz" se quedaron en el enunciado grandilocuente, pero sin desarrollos en la práctica, para no hablar del fiasco inmenso de los proyectos productivos, en los cuales se invirtieron ingentes cantidades de recursos financieros y humanos, sin resultados tangibles a la vista.

Es absurda su insistencia en negarle cualquier conexidad al delito político. Según Restrepo, "el delito político es el concierto para delinquir en el que incurren miembros de las guerrillas o las autodefensas que buscan suplantar la autoridad legítima, o interferir con sus funciones constitucionales y legales". Y va más allá: "En otras palabras, el delito político -en sus diversas modalidades de sedición, rebelión, asonada, conspiración o concierto para delinquir- se reduce al intento por suplantar o derrocar la autoridad legítima. Todos los demás delitos, desde el robo y el homicidio hasta la masacre y el genocidio, pasando por el secuestro y el narcotráfico, son delitos comunes que no pueden recibir los beneficios constitucionales y legales consagrados para el delito político, pues no podemos considerarlos conexos de éste". .Para rematar con esta verdadera perla: "Quedaría así en firme que sólo podemos conceder perdón judicial a miembros de autodefensas responsables de pertenencia al grupo armado ilegal, porte ilegal de armas y uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas". Esto es tanto como decir que una persona que pertenece a una agrupación armada ilegal sólo se uniforma y porta un arma para lucirlos, sin ningún otro propósito que el de pavonearse, cual si se tratara de ignotos maniquíes rurales que se reúnen, se admiran entre sí la vistosidad de sus uniformes, lo bien armados que están, y luego se disuelven en santa paz.

En suma, un texto interesante para observar que tanto va de las palabras a los hechos, en uno de los funcionarios más controvertidos que tuvo el actual régimen, hoy fungiendo como director del Partido de la U, con resultados modestos hasta la fecha.