22 de enero de 2010

Los vaivenes de un accidentado proceso

El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en donde se modifica su jurisprudencia en lo que respecta a la ley de Justicia de Paz, haciendo admisibles las imputaciones parciales por parte de la Fiscalía, ha prendido de nuevo el debate en cuanto a la aplicación de esta ley, a los giros que se han dado, y su real incidencia en los objetivos rectores que dice tener: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Pero, como los médicos forenses, vamos por partes. En principio, llama poderosamente la atención el vuelco, que desde el punto de vista del cambio del marco jurídico, puede considerarse como frecuente. Para una ley joven, tantos cambios sustanciales en tan corto tiempo, es una prueba de la ligereza con la que se toman decisiones por parte de los máximos entes del poder judicial.

Efectivamente, en decisión tomada el 16 de abril de 2009, se aceptó que pudieran hacerse imputaciones parciales, al resolver una querella legal, en el caso de Fredy Rendón Herrera. Luego, el 21 de septiembre, estudiando la situación de Gian Carlo Gutiérrez Suárez, desmovilizado del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, determinó que no pueden quedar pendientes "de definir imputaciones parciales". Ahora, en providencia del 14 de diciembre de nuevo dio vía libre para que la Fiscalía avance en los procesos que adelanta contra desmovilizados paramilitares y ex guerrilleros que están siendo procesados bajo la Ley de Justicia y Paz, según lo informan los medios de comunicación.

Aparte de los perjuicios para las partes implicadas, tanto postulados, como Fiscalía, Jueces y Magistrados de Justicia y Paz, organizaciones de víctimas, abogados defensores y los que se constituyen en parte civil., y otros intervinientes en los procesos, los continuos bandazos no sólo generan inseguridad jurídica, sino que son un fiel reflejo de lo endeble de nuestras instituciones, y, como ya lo señalábamos, es muestra de falta de rigor y análisis en decisiones de tanta trascendencia.

Como atenuante, podría argüirse que todo lo relacionado con un proceso de paz tan vasto y de tanta complejidad como el que emprendió la sociedad colombiana con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia es novedoso, y no tiene antecedentes en la historia del país.

Sin embargo, la sensación que queda es que los pronunciamientos de las Altas Cortes corresponden más a presiones de agentes externos, que al ponderado estudio jurídico que cabe esperar de quienes deben ser el faro que oriente la jurisprudencia del país. Por ejemplo, sotto voce se ha dicho que el último pronunciamiento en donde se desatascan los procesos de justicia y paz, se hizo a instancias del "superjuez" español Baltasar Garzón, quien se reunió con dignatarios de la Corte Suprema de Justicia recientemente.

Lo que sí hemos señalado insistentemente, es que a cada país le asiste el derecho, que a su vez es un deber, de encontrar los caminos propios que su particular condición le imponen, para que la paz y la convivencia reinen en su territorio, combinando con imaginación y realismo, dosis de justicia y beneficios que hagan atractiva la desmovilización de agrupaciones armadas que de otra forma sería muy costoso y sangriento desactivar.

Nos llaman la atención las voces histéricas de quienes amenazan y claman con una intervención de la Corte Penal Internacional, cada vez que hay situaciones que no se ajustan a sus particulares intereses, ignorando el carácter subsidiario del tribunal de Roma, y el hecho de que Colombia está lejos de ser un Estado fallido, pese al anhelo de muchos porque así fuera.

Quienes valoramos la decisión de las mujeres y hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia que tomaron la decisión de dejar las armas, en el proceso de paz más grande que ha habido en nuestra patria, seguimos creyendo que pese a las inmensas dificultades que han debido enfrentarse y que en muchos casos permanecen sin resolver, es un esfuerzo de paz que ha valido la pena y cuyos efectivos positivos la sociedad en su conjunto está en mora de reconocer y defender.

Medellín, enero 19 de 2010

Mauricio Jaramillo
Coordinador Equipo de Redacción
www.desmovilizadoscolombia.org